El Procés catalán nos ha colocado frente a un problema extremadamente difícil de resolver que va mucho más allá de la disputa inicial del 1-O entre el autoritarismo y el derecho a votar. Decía Juan Carlos Monedero [1]que la izquierda se hundió en la I República por la cuestión catalana y se volvió a hundir en la II República por la cuestión catalana, también podríamos decir que, a mayores, la cuestión vasca nos tuvo todo el siglo XIX en guerra. El Procés nos obliga a enfrentarnos, de nuevo, con problemas muy antiguos, de una enorme complejidad y que nunca se han resuelto realmente.
Por ello, es vital que la izquierda española (y, en realidad, todo el espectro político) sepa encontrar las raíces del conflicto y proponer una alternativa a largo plazo para la soberanía nacional. Si no encontramos una solución válida y consensuada, lo único que podemos esperar es que la derecha recurra (como en otras ocasiones) al autoritarismo para cerrar en falso una herida que se volverá a abrir; o que Cataluña consiga independizarse, pero a base de desgarros sociales muy dolorosos; o, todavía peor, que tengamos, no uno, sino 17 problemas similares.
En estos momentos, la única alternativa de solución conjunta y a largo plazo que se ha puesto sobre la mesa es la propuesta por Unidos Podemos: crear un estado federal. Pero esta alternativa tiene una debilidad muy obvia: un estado federal debe estar formado por comunidades igualitarias y la actual España autonómica no es igualitaria ni aspira a serlo. El Estado español posee una anomalía que lo hace único en el mundo: el estatus de Euskadi y Navarra. Este estatus foral ya nos coloca más allá de la federalidad, en una especie de confederación asimétrica pero mal resuelta, que tiene muchos puntos de injusticia ante los que solemos cerrar los ojos, por aquello de no remover todavía más los viejos problemas.
Por ello, a la hora de proponer soluciones, no debería preocuparnos saber si se han aplicado o no en otros países del mundo. Nuestra situación de partida ya es, de por sí, bastante singular y estamos condenados a ser pioneros. España está obligada a encontrar una solución innovadora que vaya más allá del federalismo. Para ello es imprescindible negociar, ya que sólo un marco ampliamente aceptado, incluso por los nacionalistas, puede servir. Esta visión a largo plazo es imprescindible, también, si Cataluña consigue independizarse, ya que necesitamos evitar que los mismos problemas se reproduzcan en otras regiones y caigamos cada cierto tiempo en indeseables periodos de autoritarismo
Negociar no significa transigir. No significa necesariamente que el Estado central ceda ante los deseos de autogobierno de los periféricos, como ha venido haciendo en las últimas décadas. En realidad, deberíamos olvidar esa idea del Estado central paternalista para vernos como una serie de territorios y sus habitantes respectivos dialogando en pie de igualdad. Y para poder negociar debemos conseguir que todas las comunidades estén dispuestas a ceder en algo, de forma que todas podamos, también, ganar en lo más importante: un marco de convivencia bueno para todas.
En este sentido, me parece muy importante desvelar las quejas y necesidades no atendidas de los habitantes de las comunidades “centrales” (las que no son Cataluña ni las forales) porque las reivindicaciones catalanas y vascas son bien conocidas, pero las de estas otras comunidades pocas veces son recogidas en los discursos políticos y algunas de ellas son muy legítimas.
Personalmente, lo que más percibo entre las comunidades “centrales” respecto al tema catalán es un sentimiento de inmenso hartazgo. Llevamos décadas canalizando un ingente caudal de atención política hacia los problemas de la soberanía catalana (y décadas atrás en la vasca) dejando sin atender enormes cuestiones de interés general o carencias muy graves de algunas regiones. Las comunidades centrales tenemos una necesidad enorme de que nos dejen hacer una política no condicionada constantemente por el choque de poder entre Madrid y Barcelona.
Existe también, en las comunidades “centrales”, un sentimiento de injusticia por la desproporcionada representatividad que los partidos nacionalistas vascos y catalanes tienen en el Parlamento español. Esto se agrava cuando son clave para la investidura del Presidente del Gobierno o la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y más cuando este apoyo se paga con “regalos” en forma de inversiones en los territorios forales. Esta costumbre — que ha sido la norma, tanto con los gobiernos del PP como del PSOE– es injusta por partida doble[2]. Por un lado, porque desvía los impuestos de las comunidades centrales hacia territorios que no contribuyen a ellos; y, por otra parte, porque permite que los parlamentarios de las regiones forales condicionen enormemente los presupuestos de regiones que no son las suyas (mientras los parlamentarios de las regiones “centrales”, evidentemente, no deciden nada en los parlamentos de Vitoria o Pamplona).
Este reparto de poder es tan desproporcionado y asimétrico, que, en realidad, lo extraño es que hayamos sido capaces de funcionar como estado durante décadas basando nuestra política en unos andamios tan endebles y no haya surgido un españolismo igualitarista que barriera con todo. ¿Podemos conjugar los deseos de independencia política y económica de las regiones forales con las necesidades de las “centrales” de tener un estado simétrico y justo? Estoy convencida de que lo es y también de que la solución no es tan complicada, porque lo que unas y otras necesitan son cosas diferentes.
A mi entender, la solución sólo puede venir de algún tipo de estructura a medio camino entre la federación y la confederación con dos tipos de comunidades: las forales, con hacienda propia y amplias libertades políticas y las sujetas a un régimen similar al actual (u organizado federalmente). Un estado en el que la relación entre forales y centrales se articule por medio de competencias comunes, con sus foros de debate específicos y sus presupuestos comunes. Sin embargo, para que esto funcione y no se convierta en un aliciente para que las comunidades ricas sean insolidarias con las pobres, deben crearse contraprestaciones de algún tipo que hagan menos atractivo el estatus de comunidad foral. La forma de conseguir esto no es obvia pero puede surgir de forma natural si se reparte el poder político de forma proporcional a la población, ya que pertenecer a un estado mayor permite mayor cooperación y eficiencia y reportaría ventajas a las comunidades centrales.
No sé si en medio de todo el barullo de estos días vamos a ser capaces de pararnos a reflexionar y buscar soluciones a largo plazo, ni tampoco si ésta modesta opinión va a ser oída, pero creo que es imprescindible que salgamos de los cauces establecidos y le echemos imaginación al problema. No tenemos otra opción que intentar hacer las cosas bien en medio del incendio porque sólo podemos avanzar hacia la solución de un problema tan estructural y tan complejo como este por medio de un intenso, amplio y largo proceso de debate.
[1] http://blogs.publico.es/juan-carlos-monedero/2017/10/18/despierta-podemos/
[2] También es verdad que este tipo de injusticias pasan desapercibidas cuando estamos acostumbrados a cifras como las de la indemnización del caso Castor, los rescates a las autopistas deficitarias o los aeropuertos sin aviones; y, al menos, son fondos distribuidos entre la ciudadanía. Pero si queremos avanzar hacia un estado democrático no podemos hacer de estas asimetrías la norma.
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